¿De qué estamos hablando cuando reclamamos la democratización de la comunicación y de la información? ¿Hablamos solo de redistribución de frecuencias radioeléctricas para garantizar el derecho humano a la información y la comunicación? ¿De qué forma la redistribución equitativa de frecuencias –éstas patrimonio de la humanidad- entre los sectores comercial, estatal o público, y popular (comunitario, alternativo, etc.) puede garantizar la democratización de la comunicación e impedir la concentración mediática?

Es difícil obviar el estado (¿será terminal?) del diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. El divorcio político parece oficializarse con el retiro opositor, que en un comunicado desechó la propuesta de los mediadores y lo calificó de “experimento cerrado que no se volverá a abrir”, y abogó por una nueva negociación (¿con lo que llaman la comunidad internacional?) y más protestas para exigir la realización de elecciones.